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N° 305 FEBRERO 2017

| Pág. 7

centro-sur del país causaron en las

vidas de las personas, en los campos

y en la naturaleza.

Tal como destacó la Mandataria,

en enero pasado entre las regiones

de Coquimbo y la Araucanía se

vivió una situación sin precedentes

en la historia de Chile, en la

que fueron consumidas más de

467.536 hectáreas, entre el 18

de enero y 5 de febrero, dejando

a 7.157 damnificados, 1.551

viviendas destruidas y un total de

11 fallecidos.

Por ello, el Gobierno a través del

Ministerio de Agricultura y bajo

la gestión técnica de la Corpo-

ración Nacional Forestal (Conaf)

desplegó un contingente nunca

antes visto: un total de 64 aero-

naves, entre estatales, privadas

y extranjeras, volaron para com-

batir los incendios, mientras que

más de 18 mil personas trabajaron

en labores de control y extinción,

incluyendo funcionarios de las

Fuerzas Armadas, brigadistas de

Conaf, voluntarios de Bomberos,

estamentos del Estado, personal

municipal, gobernaciones, inten-

dencias y empresas privadas.

Asimismo, se reunió la cantidad

de agua más grande de la

historia: cada día se lanzaron en

promedio 2.932.200 litros de agua

aproximadamente, lo que equivale

al consumo de una familia de

cuatro personas durante 16 años.

Medidas preventivas

Pero más allá de todo el despliegue

de personal, recursos técnicos y

económicos en el contexto de esta

tormenta de fuego, desde hace

tiempo vienen realizándose una

serie de medidas que apuntan a

prevenir este tipo de catástrofes.

ESPECIAL |

Ministro Carlos Furche junto a autoridades del agro y locales sobrevolaron las zonas afectadas de la Región de O’Higgins.

Teniendo en cuenta que el 99,9

por ciento de los incendios

forestales son causados por la

acción del hombre -por descuido o

intencionalmente- es que en 2013

se modificaron las sanciones de la

Ley de Bosques (Ley N° 20.653), por

el uso ilegal del fuego sin ocasionar

un incendio u ocasionándolo,

como también por causar un

siniestro por imprudencia o

negligencia, agregando sanciones

al uso de fuego en Áreas Silvestres

Protegidas (ASP) que terminen en

incendio o que sean ocasionados

fuera y que se propaguen hacia

éstas.

En esa línea, se estipuló que las

penas podrían ir desde 61 a 540

días por realizar una quema no

autorizada, más una multa de 11

a 50 UTM, hasta penas desde 5

años y 1 día a 20 años de cárcel

en el caso de que se compruebe la

premeditación del delito.