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REVISTA BIMESTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

EDITORIAL

UNA REFORMA ACORDE

CON EL ACTUAL

ESCENARIO HÍDRICO

E

l pasado 22 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que

reforma el Código de Aguas, que luego de este importante paso continuará su trámite

en el Senado. La iniciativa tiene una orientación clara y definida en favor del agua para el

consumo humano, del fortalecimiento de su carácter público y de impedir la especulación.

En los últimos años, los chilenos han sido testigos de un marcado cambio climático que

se ve reflejado en menos lluvias, sobre todo en el área rural, y una creciente demanda por

recursos hídricos, lo que ha generado un cuadro distinto donde es fundamental una mejor

gestión de dichos recursos.

Ahora bien, los estudios indican que la década actual ha sido la más seca desde que hay

registros de esta naturaleza en Chile. “Estamos frente a un recurso escaso y tenemos que

regularlo de la mejor manera para impedir que haya especulación, de modo de garantizar

el uso productivo y priorizar el consumo humano de forma que no afecte ni derechos

individuales ni la potencialidad en el caso de la agricultura”, aseguró el ministro de

Agricultura, Carlos Furche.

La normativa aprobada democráticamente en la Cámara Baja no sólo marca un avance

en materia de regulación del uso del agua, sino que refleja una profunda necesidad para el

sector frente a una institucionalidad que no estaba acorde con los nuevos escenarios.

La normativa implica a todas luces un cambio en cómo se ejerce la propiedad de los

derechos de agua, que ya no serán perpetuos sino renovables cada 30 años, cuando se

trate de proyectos productivos. Asimismo, una de las preocupaciones centrales es que las

aguas funcionen efectivamente como bienes nacionales de uso público y no como activos

de mercado.

Ante las críticas surgidas de algunos personeros del sector privado sobre un supuesto

carácter de “expropiación encubierta” de la reforma impulsada por el Gobierno, el

ministro Furche enfatizó que en el proyecto de ley no hay artículo o inciso alguno que

pueda ser considerado de esa característica. “No hay en la intención del Ejecutivo ningún

afán, ninguna expresión que busque expropiar de sus derechos a aquellos que ya los han

obtenido”, sostuvo.

La reforma al Código de Aguas no toca, por tanto, los derechos ya otorgados, pero sí da

respuesta a algunos de los problemas que enfrenta el uso de los recursos hídricos en nuestro

país. Resulta evidente que el código vigente fue concebido en una situación completamente

distinta a la que tenemos hoy, tanto desde el punto de vista de la disponibilidad de los

recursos como de la competencia que existe sobre ellos.